Los bloques de senadores de Cambiemos y el Frente Renovador acordaron hoy tratar el próximo 31 de marzo el proyecto de ley que declara la emergencia en infraestructura en la provincia de Buenos Aires y que habilita a utilizar mecanismos de excepción para los procesos de licitación y contratación de obras y bienes.
Fuentes legislativas explicaron a Télam que el objetivo es que la iniciativa, que fue aprobada la semana pasada en Diputados, tenga despacho de comisión para que de esa forma pueda ser aprobada por mayoría simple de los legisladores.
Es que el proyecto no pudo ser debatido en la sesión de hoy del Senado provincial debido a que para ponerlo en tratamiento se requería de los dos tercios de los legisladores presentes, votos que no consigue el oficialismo debido a que las bancadas del Frente para la Victoria y el PJ se oponen.
La bancada del Frente para la Victoria consideró que el proyecto enviado por la gobernadora María Eugenia Vidal “es a todas vistas un cheque en blanco que quiere el Poder Ejecutivo provincial para evitar cualquier tipo de control y seguimiento en las contrataciones de obras”.
“Estamos convencidos de que la Provincia necesita agilizar y transparentar los procedimientos de gestión en sus contrataciones. Pero estamos seguros que dicho objetivo no se cumplirá impidiendo el trabajo de los organismos de control previstos por la Constitución”, sostuvieron en un documento.
La iniciativa había sido girada a la Legislatura en diciembre pasado por la gobernadora en conjunto con la Ley de Presupuesto, aunque los legisladores no la trataron en ese momento.
Luego, fue modificado en la legislatura para que el oficialismo consiga el apoyo del Frente Renovador y el FAP, lo que le aseguró la aprobación en Diputados.
El proyecto, autoriza a ministerios y secretarias a ejecutar obras y contratar provisión de bienes y servicios bajo los mecanismos de excepción de algunos organismos de control.
En ese marco, establece que los Ministerios, Secretarías y entidades autárquicas contratantes quedan exceptuados de publicar las licitaciones y contrataciones en el Boletín Oficial, debiendo efectuar la publicación de anuncios en el sitio web que determine la reglamentación, pudiendo además anunciarse en otros órganos de publicidad o en cualquier otra forma, si así se estimare oportuno.
También podrán diferir el requerimiento de constancia de inscripción al en los Registros de Proveedores y Licitadores y, en este último caso, a considerar cumplimentado provisoriamente tal requisito con la presentación del certificado de inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RENCOP).
Establece además que, previo a la adjudicación de los contratos, los ministerios deberán dar intervención a la Fiscalía de Estado, la Contaduría y la Asesoría de Gobierno los que tendrán un plazo de siete días para expedirse y si en ese plazo no emiten dictamen se entenderá que no existen objeciones.
También faculta a los ministerios, secretarías y entes autárquicos a rescindir, renegociar, aumentar o disminuir hasta un 35 por ciento las prestaciones y montos de los contratos actuales.
Autoriza Poder Ejecutivo a intervenir todos los entes, empresas y sociedades de propiedad del Estado provincial y crea una Comisión Bicameral de seguimiento y control de la emergencia que estará integrada por tres diputados y tres senadores.
Prevé también que El Poder Ejecutivo presentará en el término de 60 días desde la entrada en vigencia, un plan de obras que contenga los objetivos, la individualización de las obras a ejecutar, la cuantificación de la inversión necesaria para su realización y el plazo de ejecución de cada una.
