La Gobernadora decreto que la medida se extienda por un año más en todo el territorio bonaerense. “Pese a las acciones promovidas, persisten las causales que motivaron la sanción del régimen”, sostiene el texto.
Este viernes salió la publicación en el Boletín Oficial, donde la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, decretó la prorrogación de la Emergencia en Infraestructura para el territorio bonaerense. El decreto tiene fecha del pasado lunes 17 de abril.
Cabe destacar la Emergencia fue aprobada por la Legislatura bonaerense el 31 marzo de 2016 con duración de un año (Ley 14.812). En ese sentido, el Parlamento provincial otorgó al Poder Ejecutivo la facultad de prorrogar el plazo de duración por una única vez y por un año.
En ese marco, el texto del decreto firmado por Vidal sostiene: “Pese a las acciones promovidas, persisten las causales que motivaron la sanción del régimen”. Así se basó en “lo dictaminado por Asesoría General de Gobierno, lo informado por Contaduría General de la Provincia y la vista del señor Fiscal de Estado”.
Por otro lado, se prorrogó -también por un año- la Emergencia Tecnológica (Ley 14.815), bajo el argumento de de una “crítica situación que afectó a la totalidad de las áreas administrativas dependientes del Poder Ejecutivo y, especialmente, a la prestación de los servicios esenciales a cargo de la administración pública provincial, centralizada y descentralizada, ello como consecuencia de los años de desinversión y de administraciones imperfectas, que provocaron una actuación estatal deficiente e ineficaz».
Entre los argumentos, se esgrimió que la Emergencia implementada el año pasado «posibilitó la adopción de medidas de excepción que facilitaron el funcionamiento y el rápido reordenamiento del Estado». “Fortaleció y modernizó en el corto plazo desde su declaración a todos los organismos públicos provinciales, agilizando los procedimientos administrativos y logrando soluciones eficaces, eficientes y oportunas para todos los ciudadanos», se agregó.
En ese sentido, se resaltó que “los beneficios operados en todo el sistema de la administración pública provincial, a pesar de no haber desaparecido las causales que justificaron su sanción”.
Finalmente, el texto esgrimió “necesario, oportuno y conveniente” proseguir “con la agilización administrativa puesta en marcha a partir de su sanción y prorrogar por el plazo de un año la aplicación de la mentada ley”.
